Nuestra Visión

Nosotras, las guerrilleras farianas, pero no solamente nosotras... Nosotros y nosotras, combatientes, militantes de las FARC-EP, del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, tenemos una visión global del mundo, una lectura de la sociedad. Y queremos exponer nuestros puntos de vista sobre temáticas variadas con un denominador común: nos interesa y lo queremos compartir.

Para abordar la difícil problemática del diferendo Bolivia-Chile, en cuanto a la legitimidad o no de la reivindicación por parte de la primera en encontrar una salida al mar, o mejor dicho al océano, se debe analizar, aunque sea someramente, el origen de este histórico conflicto. Si bien ambas partes ofrecen explicaciones apoyadas en la legalidad nacional e internacional, Bolivia considera con razón que la falta da una salida al mar ha representado un factor de atraso en su desarrollo socio-económico, mientras que Chile aduce como pretexto que los límites territoriales ya fueron resueltos con  los tratados firmados años atrás.

El diferendo sobre los límites entre ambas repúblicas, que remonta al siglo XIX, concierne básicamente la soberanía sobre el “corredor de Atacama”, el cual involucra una parte del desierto de Atacama que colinda con el Océano Pacífico. Bolivia y Chile suscribieron tratados de límites en 1866 y 1874, que desembocaron en la Guerra del Pacífico (1879-1883) donde Chile se confrontó con Bolivia y su aliado Perú. Posteriormente, se firmó un pacto de tregua en 1884 y, más adelante, un tratado de paz y amistad en 1904, que implicó la anexión a Chile de toda la costa boliviana poniendo termino a la disputa, con un acuerdo que contemplaba, entre sus puntos esenciales, la construcción de un ferrocarril que uniese Arica (puerto chileno) con La Paz, capital de Bolivia; la entrega de la provincia de Antofagasta a Chile a perpetuidad; la libre circulación del comercio boliviano por puertos y territorio chilenos sin cobro de derechos aduaneros; y el reconocimiento del Pacto de Tregua  de 1884 que se refiere a las franquicias de acceso a los puertos chilenos de Antofagasta y Arica.

Detrás de este litigio se encontraban en realidad los intereses de capitalistas ingleses, asentados sobre territorio chileno, que buscaban consolidar su dominio sobre las prominentes minas de salitre natural, cobre y otros minerales abundantes en dicha zona. De allí la actitud agresiva y arrogante que tuvo Chile en las diferentes etapas de la confrontación.

Este diferendo continúa latente puesto que el Estado Plurinacional de Bolivia alega su derecho soberano a una salida al Océano Pacífico, manteniendo viva esta controversia mientras no se resuelva el problema de la llamada mediterraneidad boliviana. Además de esta prerrogativa, se adiciona que en los puertos chilenos Bolivia debe pagar considerables gastos operacionales debido a que su administración se encuentra en manos de grandes empresas privadas, aunque el Estado chileno no perciba aranceles aduaneros o tributo alguno.

En reiteradas oportunidades se han planteado propuestas de acuerdos: primero entre 1947 y 1950, y después en 1975 con el Acuerdo Charaña, hasta la posterior ruptura de las relaciones diplomáticas en 1978. Una nueva tentativa se realizó en 2000 para la construcción de un gaseoducto boliviano que desembocara en las costas del Pacífico, sin llegar a feliz término.

La ultima gestión adelantada por parte del gobierno del compañero Evo Morales se remonta al 24 de abril del 2013, cuando fue introducida formalmente, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, una petición para instar a Chile a la negociación sobre este asunto; el 24 de septiembre pasado dicha Corte se pronunció declarándose competente para revisar esta petición boliviana. Últimamente se han realizado conversaciones entre el Presidente boliviano Evo Morales y su homóloga chilena Michelle Bachelet.

También hay que tomar en cuenta que existe un tercer actor involucrado, el Perú, que mantiene igualmente un litigio que de ser ganado limitaría una hipotética salida al mar de Bolivia a un triángulo de unos pocos kilómetros cuadrados, y que privaría a ésta del derecho a contar con 200 millas de mar territorial del cual gozan los demás estados de la región.  

En el caso de que la Corte Internacional de la Haya dictaminara en el sentido de reconocer la legitimidad de la reivindicación de Bolivia, ésta podría contar con un espacio costero que le permitiría hacer sus planes y proyectos en territorio propio y exportar sus productos, especialmente el gas. Claro está, siempre y cuando Chile acatara un eventual fallo, lo que estaría sujeto a la ausencia o menos de voluntad política por parte del gobierno de turno posesionado en La Moneda.

Es preciso subrayar que, en la etapa post-dictadura, tanto los gobiernos concertacionistas como los de derecha no solamente se han mantenido fielmente en el perímetro de la constitución pinochetista, sino que han aplicado sin escrúpulos las más nefastas políticas neoliberales. Ha primado en Chile el mal gobierno al servicio del gran capital y las transnacionales, que ejercen fuertes presiones para que se le niegue a Bolivia el derecho a la mediterraneidad.

No obstante, algún día terminará imponiéndose una solución justa que beneficie a los pueblos de los países involucrados, en el marco de una nueva concepción cuyos ejes sean la integración, la complementariedad, la solidaridad y el desarrollo sustentable.

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