Nuestra Visión

Nosotras, las guerrilleras farianas, pero no solamente nosotras... Nosotros y nosotras, combatientes, militantes de las FARC-EP, del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, tenemos una visión global del mundo, una lectura de la sociedad. Y queremos exponer nuestros puntos de vista sobre temáticas variadas con un denominador común: nos interesa y lo queremos compartir.

Intervención del comandante Pablo Catatumbo en el intercambio de la Delegación de Paz de las FARC-EP con organizaciones de mujeres, academia y centros de investigaciones sobre la violencia sexual y de género. 

Para decir la verdad es un hecho incontrovertible que el orden social, político, y económico colombiano se ha sustentado en prácticas discriminatorias, de marginación, de empobrecimiento, generación de desigualdad y exclusión política contra la mayoría de la población colombiana.

Estas prácticas no solo afectan más a las mujeres, sino que son en sí mismas causas de la violencia de género: En nuestro país el 18% de la mortalidad materna ocurre en comunidades indígenas y afrodescendientes, y para poner otro ejemplo, en Riohacha, capital de la Guajira, el 43,3% de la población vive en condiciones de pobreza y el 12,7% en condiciones de pobreza extrema; en esta región cada año se denuncia la muerte de niñas y niños indígenas por desnutrición y hambre: “La cifra de niños muertos en La Guajira (está) en un promedio no muy lejano al de Ruanda, en África, donde la tasa de mortalidad de menores de cinco años por cada 1.000 nacimientos es de 55, de acuerdo con una tabla que publica el Banco Mundial. La Guajira está en 45”.1Esta violación a los derechos de las niñas y niños, que según el orden constitucional colombiano deben ser protegidos de forma prioritaria, es resultado también de la corrupción y negligencia de los gobernantes, como quedó demostrado en las últimas semanas con el escándalo del Programa de Alimentación Escolar, en la Guajira, Atlántico y Chocó, sobre todo en colegios con población mayoritariamente indígena y afrodescendiente, de regiones con elevados índices de pobreza, marginalidad y violencia.

Esta realidad coincide plenamente con lo dicho en su comunicado del 4 de marzo por la señora Bangura, al finalizar su visita a Colombia: “Existe una correlación directa entre la pobreza, el acceso a la justicia y la violencia sexual y otras violaciones más amplias de derechos humanos”.

Aunque la pobreza no explica por sí misma la violencia contra las mujeres, si es el resultado de un sistema capitalista y patriarcal, en el que el Estado no cumple con sus funciones básicas de protección social. Y aunque los gobernantes generalmente expresen preocupación y justifiquen la existencia de un conjunto de instituciones que formalmente declaran objetivos altruistas de atención social. Los “buenos propósitos” no se reflejan en políticas públicas, ni en prácticas gubernamentales de lucha contra la inequidad y que favorezcan a las mujeres. El desempleo sigue afectando más a la población femenina; en el 2014, la tasa de desempleo en Colombia fue del 11.3% para las mujeres y del 7% para los hombres, y a pesar de que las mujeres estudian más años que los hombres (9,5 frente a 8,4) la inequidad salarial de las mujeres respecto a los hombres es del 20%. (Fuente: DANE, septiembre 2014). El 60% de las mujeres que tienen trabajo están en el sector informal.

En cuanto a la salud, que asociada a los derechos sexuales y reproductivos es un indicador importante de desarrollo y bienestar, las mujeres siguen siendo víctimas de la desatención gubernamental: mas de 500 mujeres gestantes mueren cada año por causas evitables; una de cada 5 menores de 19 años ha estado embarazada. Para el 2012, hubo más de 6.500 nacimientos de hijos de niñas entre 10 y 14 años, a pesar de que la legislación considera toda relación sexual con menores de 14 años un delito (Fuente: ONU). El aborto que fue parcialmente despenalizado por la Corte Constitucional, no está siendo garantizado a través de una política pública integral, y sistemáticamente se ponen obstáculos para su implementación. Además de la estigmatización que viven las mujeres que deciden hacerse un aborto legal, se estima que 6 de cada diez instituciones de salud que tienen capacidad de prestar servicios post aborto, no lo hacen, y cerca de 9 de cada 10 de esas instituciones no ofrecen servicios de aborto legal. Entre mayo de 2010 y junio de 2012, se han monitoreado cerca de 387 casos en los que se han presentado obstáculos o negaciones injustificadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo los parámetros establecidos por la Corte.

En nuestro país, aparentemente hay un respeto y subordinación a las orientaciones y las tendencias internacionales frente al tema de las mujeres, pero en la práctica esto se traduce en leyes que resultan ser un estorbo para la misma institucionalidad a la hora de diseñar políticas en cualquier ámbito. Existe indiferencia e incluso resistencia frente a las leyes que apuntan a una mayor igualdad de género, que en lo concreto se traduce en inoperancia. Las evidencias muestran que los avances en los derechos sociales, económicos y culturales para las mujeres han sido más formales que reales, lo que también se refleja en materia de derechos civiles y políticos.

Es cierto, la participación política de las mujeres se ha incrementado en las últimas elecciones en un 10%: en el actual Congreso el 20% son mujeres: 23 senadoras y 28 representantes a las Cámara. Son avances.

Para las elecciones de octubre, se han incrementado las candidaturas femeninas, según La Silla Vacía son más de 41.000 las candidatas, 39 para alcaldías de capitales y gobernaciones, y de estas 10 están siendo investigadas o tienen algún tipo de relación con “estructuras políticas cuestionadas.

Pero, sin ánimo de mortificar, pero sí de hablar objetivamente hay que decir que el elevado número de candidatas no garantiza mayor participación efectiva de las mujeres y mayor atención a sus necesidades y derechos, porque finalmente esto se logra cuando las mujeres son elegidas, y cuando las elegidas tienen un compromiso real con las necesidades y derechos de las mujeres, porque en realidad, es vox populi que no todas tienen un real compromiso con las mujeres y con los sectores populares; de hecho, la presencia de mujeres que pertenecen a estratos sociales pobres y representen sus interese es nula.

En realidad, en el Congreso, no se tramitan leyes dirigidas a ampliar libertades para las mujeres o garantizar sus derechos. Los avances relativos en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres han sido el resultado del trabajo de las organizaciones femeninas y de las decisiones del poder judicial, particularmente de la Corte Constitucional que reconoció los riesgos de género inherentes al conflicto armado, como consecuencia de las condiciones históricas y de discriminación en las que han vivido las mujeres, y ordenó al Estado colombiano (a través del Auto 092) diseñar e implementar programas para la prevención y atención de estos riesgos.

La Corte reconoció que las mujeres son las principales víctimas del desplazamiento forzado: “el 80% de las personas desplazadas en Colombia son mujeres, niñas y niños, el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina y el 68% de las mujeres desplazadas cabeza de familia, están solas” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, Hoja Informativa: Violencia de Género y Mujeres Desplazadas).

Estas decisiones de la Corte Constitucional, al igual que las leyes, no se han cumplido y por eso la mayoría de las mujeres en Colombia siguen viviendo en condiciones de pobreza y de violencia, una violencia que se incrementa: según Medicina Legal, en los dos primeros meses de este año 126 mujeres fueron víctimas de homicidio, 6.269 de violencia de pareja, 735 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia doméstica.

En el 2014, 41.804 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja, lo que significa que cada día 116 mujeres son agredidas por su pareja o ex-pareja, en su casa (principal lugar de agresión) o en la vía pública (INML). Esta violencia permanente contra las mujeres que no es prevenida ni atendida por el gobierno, se ha convertido en una de las causas de muerte, recientemente tipificada como feminicidio en la legislación colombiana. Según el director de Medicina Legal: “muchas de las mujeres que llegaron a Medicina Legal a ser valoradas física y psicológicamente, después regresaron muertas!!”, y a pesar de que este instituto ha identificado este riesgo para 1369 mujeres, de las cuales 746 están en riesgo grave, no se han diseñado políticas de protección para las mujeres, amenazadas por sus parejas y ex parejas: No es exagerado decir que los mayores riesgos los enfrentan las mujeres en sus propias casas

El impacto de la violencia doméstica en la seguridad y bienestar de la población colombiana es alto, ocupa el segundo lugar en los registros de Medicina Legal después de la violencia interpersonal.

Hay evidencias de que en las zonas de conflicto armado la violencia intrafamiliar se incrementa paralelamente con una menor intervención institucional para su prevención y sanción por parte de las instituciones porque ante otros delitos, la violencia doméstica se relativiza aún más. Como consecuencia de esto, las mujeres, niñas y adolescentes no cuentan con espacios de protección lo que constituye una de las causas para su vinculación a la guerrilla, sobre todo de manera forzada a los grupos paramilitares, como lo reconoció la Representante Especial en su Declaración: “En mi reunión con niñas desmovilizadas escuché que, entre sus motivaciones para vincularse a los grupos armados se encuentra la discriminación y el abuso sexual en sus comunidades o sus casas”.

La violencia sexual que constituye la peor forma de violencia de género porque refleja el uso del poder sobre el cuerpo y la dignidad de las víctimas, según las cifras de Medicina Legal en nuestro país, se ha incrementado de forma sostenida.

Para el 2014, Medicina Legal reportó 21.115 casos con un aumento del 1.18% frente al año anterior. Las principales víctimas son las mujeres (86%), las y los menores de 18 años (88%),y cuando ocurre en los hogares, en las escuelas o en la comunidad los agresores son personas cercanas o conocidas por las víctimas: familiar (41%), conocido (22%). Entre enero y febrero de este año, 2,631 mujeres fueron valoradas en Medicina Legal por violencia sexual es decir, aproximadamente 45 víctimas por día. A diferencia de las otras modalidades de violencia que muestran reducciones, la violencia de género se incrementa cada año, lo que evidencia graves fallas en la respuesta de las instituciones del gobierno.

Aunque nuestras mujeres han sido víctimas del conflicto armado, los estudios e informes de la sociedad civil y de las instituciones del gobierno evidencian que las mujeres son y han sido víctimas de violencia y discriminación mayoritariamente en sus casas y en espacios sociales y comunitarios. Sin minimizar el impacto que el conflicto ha tenido sobre las mujeres, es preciso reconocer esta verdad, pues esto es tan importante como reconocer su condición de víctimas de la guerra para poder avanzar en la verdad y sobre todo, para proponer y hacer las necesarias transformaciones sociales que garanticen la no repetición de la violencia de género y la violencia sexual que derivan de la injusticia social y las desigualdades.

La construcción de la paz debe significar para las mujeres la transformación de todas las condiciones que las han condenado a vivir en la pobreza y en riesgo permanente de ser violentadas, en todos los espacios que habitan.Proponemos una declaracion de principios pero al mismo tiempo una declaracion de compromisos sobre el tema de género y los derechos de la mujer.


1 Revista Semana, En la ardiente Guajira los niños mueren de hambre y sed, www.semana.com/nacion/articulo/guajira-ninos-aun-mueren-de-hambre-sed/425074-3, abril 2015

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