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El feminicidio podría ser el último peldaño de una violencia continua en contra de la mujer.

La sentencia emitida esta semana por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declaró que el asesinato de Sandra Patricia Correa, ocurrido a fines del 2012, a manos de su expareja, Alexánder Ortiz, desborda el concepto de crimen pasional y entra en el terreno del feminicidio, constituye un verdadero hito en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El fallo, que se produjo tras la revisión de la decisión de un juzgado y el Tribunal Superior de Medellín, que atribuyó móviles pasionales al desenlace de este delito, reconoció, por primera vez en el país, que su condición de mujer le costó la vida a Sandra.

En Colombia el feminicidio no está tipificado como un delito en sí mismo; no obstante, el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal establece, en desarrollo de la Ley 1257 del 2008, el ser mujer, en un contexto de subordinación, discriminación y violación de sus derechos humanos, como un agravante en casos de homicidio.

Este avance tiene alcances insospechados, pues este tipo de violencia es, como tal, uno de los principales obstáculos para el logro de la igualdad entre géneros y el pleno ejercicio de la ciudadanía femenina. Y eso, de acuerdo con la misma Corte, impide el desarrollo de naciones auténticamente democráticas.

Las cifras oficiales son dicientes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el año pasado se reportaron 37.881 casos de mujeres golpeadas por su pareja, 41.944 fueron víctimas de violencia interpersonal y 16.088 más, de delitos sexuales (13.606 de ellas son menores de 18 años). A ellas se suman 1.007 asesinadas en el mismo periodo. Frente a estas últimas cabe decir que se desconoce si sus casos clasifican como feminicidios, porque la información disponible en Colombia impide saber si la víctima que es asesinada por su pareja, expareja o un familiar había denunciado violencia o amenazas.

De lo que sí hay certeza es de que muchas asesinadas son las víctimas fatales de los mismos hombres que las maltrataban y golpeaban. Por lo menos el 60 por ciento de las víctimas a manos de sus compañeros sentimentales han sido agredidas sistemáticamente por el simple hecho de ser mujeres.

En ese orden de ideas, el feminicidio podría ser calificado como el último peldaño de una violencia continua en contra de la mujer; en ella deben incluirse la violencia en el hogar y la psicológica, las violaciones, los abusos sexuales, el embarazo obligado, la prostitución, el control afectivo, las relaciones de sumisión, la trata y los retrógrados asesinatos por honor. Puesto así, suena como la descripción de una sociedad de bárbaros en toda regla, pero es real, a grado tal que se volvió paisaje hace tiempo en una nación sometida desde siempre a conflictos armados y sociales de toda clase, que han contribuido a degradar la condición femenina.

Por eso, decisiones como la emitida por la Corte esta semana, y la del juez de Medellín que condenó a un hombre de 56 años por acosar psicológicamente a su expareja, de 48 años, más que sorprender, sacuden los cimientos atávicos del país. Incluso si se tiene en cuenta que Colombia es, a estas alturas, una de las naciones con mayor número de normas que explícitamente castigan la violencia contra la mujer. No obstante, el contraste con la realidad es alarmante. Informes recientes sobre feminicidios en el mundo nos sitúan entre los diez Estados con mayores índices de muerte femenina, en razón de su género. Una vergüenza.

Las propias Naciones Unidas, en su informe ‘Poner fin a la violencia contra la mujer’, señalan, tomando como base estadísticas nacionales, que en el país cada seis días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Y, como si no fuera suficiente, se estima que, además, la impunidad supera el 90 por ciento. Por estas razones, la aplicación efectiva de la Ley 1257 y de las demás herramientas jurídicas e iniciativas nacionales e internacionales contra todo tipo de violencia de género debe ser una prioridad en todos los estamentos sociales.

En ese camino es indispensable que en los ámbitos público y privado, comenzando por la familia, la escuela y las comunidades, se promueva una pedagogía permanente con enfoques diferenciales claros de reconocimiento, integración y respeto hacia lo femenino y así desmontar la larga tradición de prácticas culturales que terminan en actos discriminatorios, violentos y de intolerancia contra las mujeres.

Aun cuando ellas constituyen la mitad de la población, a menudo viven sometidas a sufrimientos indecibles y a vejaciones que diezman su potencial, además de violar sus derechos humanos. Que son un importante motor de desarrollo, incluso en los escenarios más adversos, es algo que países como el nuestro han empezado a entender y a asumir realmente. Por eso, desde esta Casa Editorial se seguirá promoviendo la campaña No Es Hora De Callar, que busca alentar a las víctimas, y que siguen victimizadas, a que denuncien y busquen ayuda.

EDITORIAL

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/un-reconocimiento-esperado-editorial-el-tiempo/15399518

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